Diputado de Movimiento Ciudadano pide regular anexos en Guanajuato

En la sesión del Pleno del Congreso del Estado celebrada este día, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y a los 46 ayuntamientos del estado a elaborar, actualizar y publicar un censo estatal integral de todos los centros de rehabilitación para personas con problemas de adicciones, comúnmente conocidos como “anexos”. Asimismo, se solicita que, en caso de detectar centros que operen fuera del marco legal o en condiciones que vulneren los derechos humanos, se proceda con su clausura.

El diputado Rodrigo González manifestó su preocupación por la falta de regulación en estos espacios, y destacó una investigación periodística que reveló la existencia de 320 centros de este tipo en el estado, de los cuales 255 están en operación, pero 65 carecen de los permisos requeridos.

El legislador también hizo alusión a recientes acontecimientos trágicos, como el ocurrido en junio de 2025 en el municipio de San José Iturbide, donde lamentablemente fallecieron doce personas en un centro de rehabilitación que operaba en condiciones de alto riesgo.

González recordó otros hechos que evidencian la gravedad de esta problemática:

• Septiembre de 2023: Cuatro personas fueron asesinadas en un centro improvisado ubicado en una vivienda de la colonia Ciudadela, en Celaya.

  
  

• Octubre de 2024: Un ataque armado en un anexo de Salamanca dejó un saldo de cuatro muertos y cinco heridos.

  
  

• Noviembre de 2024: Se reportó el cierre de 15 centros en menos de dos meses debido a amenazas y temor por nuevos ataques.

  
  

El diputado calificó la situación como un tema urgente de salud pública, derechos humanos y seguridad, señalando que “la ausencia de regulación y supervisión adecuadas ha permitido que muchos de estos centros operen sin control alguno”.

Finalmente, hizo un llamado enérgico a la Secretaría de Salud estatal para llevar a cabo un censo que permita conocer las condiciones reales en las que operan estos centros, y reiteró la necesidad de garantizar, como mínimo, condiciones básicas de salubridad, seguridad y respeto a los derechos humanos de las personas internadas.